Desde una perspectiva socio-económica y política partimos de las posiciones de las instituciones europeas, en tanto la lucha contra la precariedad laboral, la igualdad, derechos sociales y objetivos económico-presupuestarios ligados a la temporalidad son objeto de políticas comunitarias.

Ello es necesario para revisar la adecuación de las medidas estructurales o planes ejecutivos del Gobierno español, autonómico o local, a los objetivos de estas políticas, su instrumentación, y eficacia.

La igualdad en condiciones de trabajo, de género, el uso abusivo de la temporalidad o la protección del denunciante de incumplimientos del Derecho de la Unión son materias reguladas por la normativa comunitaria, de obligado cumplimiento por el Estado español, bajo pena de incurrir en sanciones por infracción del Derecho de la Unión. Y, en su caso, en responsabilidad patrimonial del Estado legislador.

Por ello, desde una perspectiva jurídica, es necesario partir de la normativa europea y determinar en qué medida se garantiza su cumplimiento con la debida protección a los trabajadores, y de los compromisos asumidos por España conforme a los Tratados de la Unión.

A partir de lo anterior, llevamos a cabo nuestro objetivo de tender puentes hacia propuestas de mejora, buscando el consenso y la protección del trabajador desde y por el interés general.

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