Infórmate4

Posiciones Políticas

Las posiciones políticas son dispares incluso en el seno de las propias fuerzas políticas, más allá de que estén en gobierno u oposición. Sin embargo, todas ven un problema que los diversos gobiernos no han podido resolver, con unas políticas e instrumentos ineficaces.

 

En este espacio encontrarás una pequeña muestra que evidencia la necesidad de un Acuerdo de consenso entre todas las fuerzas políticas para poner fin no solo al alto porcentaje de temporalidad en el sector público, sino sobre todo a solucionar conforme a Derecho la gran parte de ese porcentaje que se corresponde con nombramientos o contratos en temporalidad irregular o abusiva,sin fomentar el paro de largo de larga y duración y el gasto público, con medidas de estabilización de los trabajadores víctimas de abuso de la contratación temporal, de forma paralela a las medidas de fomento al empleador público para cubrir sus necesidades de personal fijo de plantilla y sustituir al personal en condición temporal lícita por personal fijo.

 

En este espacio dispones de una muestra de las posiciones políticas, sin ánimo de ofrecer una recopilación exhaustiva, sino de ofrecer una visión global de la preocupación política, más allá de su compromiso efectivo y un verdadero estudio de la situación que no desplace a los trabajadores dejando atrás su debida protección para garantizar sus derechos, y los de todos los españoles que hemos querido dotarnos de empleados públicos con garantías suficientes para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones y potestades públicas, con independencia de que sean fijos, de carrera o temporales. 

 

“sin fomentar el paro de largo de larga y duración y el gasto público, con medidas de estabilización de los trabajadores víctimas de abuso de la contratación temporal, de forma paralela a las medidas de fomento al empleador público para cubrir sus necesidades de personal fijo de plantilla y sustituir al personal en condición temporal lícita por personal fijo.

 

En este espacio dispones de una muestra de las posiciones políticas, sin ánimo de ofrecer una recopilación exhaustiva, sino de ofrecer una visión global de la preocupación política, más allá de su compromiso efectivo y un verdadero estudio de la situación que no desplace a los trabajadores dejando atrás su debida protección para garantizar sus derechos, y los de todos los españoles que hemos querido dotarnos de empleados públicos con garantías suficientes para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones y potestades públicas, con independencia de que sean fijos, de carrera o temporales. 

UN GRAN ACUERDO CONTRA DOS GRANDES PROBLEMAS ESTRUCTURALES: LA PRECARIEDAD Y EL PARO DE LARGA DURACIÓN

“Compartimos con el Ministerio de Trabajo la necesidad de acabar con la precariedad a través de un gran acuerdo, como reclama su actual titular Yolanda Díaz.

 

Sin embargo, este Acuerdo no puede excluir el empleo público, y debe suponer un cambio en las políticas públicas para reducir el gran problema estructural que constituye la temporalidad en el empleo, sin alimentar el otro problema estructural que padece España y que no es otro que la tasa de paro -en particular, el paro de larga duración en edades superiores a 45 años-.

 

Efectivamente, no estamos ante un reto a resolver en solitario por este Ministerio, como señala Yolanda Díaz, pero tampoco en solitario por su Gobierno. 

 

Ningún Gobierno ha podido acabar con el alto porcentaje de temporalidad en el sector público durante más de 20 años. El control de la legalidad y la oferta de empleo público como únicos instrumentos no resulta eficaz. Por una parte, la inspección como instrumento adecuado para detectar el abuso, permitiendo que sea objeto de la debida sanción, ha brillado y brilla por su ausencia, mientras constituye uno de los ejes de las políticas del Ministerio de Trabajo para acabar con la precariedad. Por otra parte, la inclusión de la totalidad de las plazas vacantes y ocupadas en temporalidad más allá del plazo establecido por la ley, la ejecución de las ofertas sin sujeción a plazo máximo, o la caducidad de la ejecución renovada por Real Decreto-Ley o Leyes de Presupuestos Generales del Estado, evidencian que la oferta de empleo no es eficaz.

 

La Administración pública es el brazo ejecutor del gobierno de turno, por lo que difícilmente adoptará medidas de control sobre la actuación de “su Administración”. La ausencia de control en el Congreso del uso del Real Decreto Ley o de las Leyes de Presupuestos para modificar las condiciones de los trabajadores públicos favorece la utilización de la administración pública para los intereses del gobierno de turno.

 

Necesitamos un Acuerdo de consenso de la mayoría de las fuerzas políticas, con participación del colectivo directamente afectado y expertos.

 

Una Mesa de trabajo y un plazo para llegar a acuerdos que terminen con este problema estructural, cuyo coste asumimos todos los españoles.

INVITAMOS a todas las fuerzas políticas, expertos y personas comprometidas con una solución legal, social y económico-presupuestaria que permita terminar con este grave problema estructural, a formalizar un compromiso dirigido a estos objetivos, en el seno de un FORO DE PARTICIPACIÓN abierto, REVOCANDO TODO ACUERDO EN EL SENO DE LA CONFERENCIA SECTORIAL DE FUNCIÓN PÚBLICA o a través de cualquier otro instrumento de cooperación Estado-Comunidades Autónomas, y de la FEMP, que no incluya medidas para la detección del fraude en la contratación y el abuso de la temporalidad, así como medidas sancionadoras acordes con las exigencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se acrediten efectivamente de forma motivada que son disuasorias para prevenir el abuso en el futuro y eliminar los efectos del incumplimiento para garantizar los derechos de todos los trabajadores temporales públicos.

La Ministra de Función Pública se ha limitado a buscar el apoyo de los gobiernos de las Comunidades Autónomas para modificar la normativa que regula el empleo público, instando la oferta de las plazas ocupadas por los trabajadores con relaciones temporales superiores al máximo establecido por el legislador estatutario, y que en su mayoría incurren de facto en abuso de temporalidad.

 

En lugar de un consenso político, parece se busca un acuerdo de gobiernos para evitar la adopción de medidas de lucha contra el fraude en la contratación y contra el abuso de temporalidad en el empleo público, a través de la oferta de las plazas que ocupan las víctimas de abuso. 

La pérdida de empleo sin sanción previa o simultánea al empleador, conlleva que el trabajador queda fuera del ámbito de protección del Derecho comunitario y la conducta del empleador queda impune. Una medida que, al margen de arrojar al paro a cientos de miles de trabajadores, por el hecho de tener una relación temporal que puede calificarse de abusiva, evidencia que no contribuye a prevenir el abuso de la contratación temporal en el futuro sino a fomentar esta conducta.

 

El despido de la víctima a través de la oferta de la plaza que ocupa no es una solución conforme a Derecho, ni contribuye a paliar el otro gran problema estructural de nuestro país: el paro de larga duración, ni a fomentar el crecimiento económico -que no puede ser un objetivo más vital en el escenario de crisis que afrontamos.

Gobierno Socialista XIV Legislatura

La Ministra de Función Pública, en sesión celebrada el jueves, 4 de junio de 2020, reconoce lo que ya es de dominio público. El incumplimiento de la Administración de las normas nacionales que permiten prevenir el uso abusivo de las relaciones de empleo temporales.

Sin embargo, no ha anunciado la adopción de ninguna medida estructural en el Programa Nacional de Reformas para detectar y sancionar el abuso de temporalidad, similar a la ya adoptada en el sector privado, y que aunque sin muchos resultados -como advierte la Comisión europea-, está haciendo emerger las relaciones temporales irregulares fraudulentas y abusivas para su regularización en relaciones indefinidas (fijas).

A pesar de reconocer alto porcentaje de trabajadores con relaciones temporales abusivas, no insta a las Administraciones territoriales que cumplan el derecho de la Unión para garantizar el efecto útil de la Directiva incumplida, conforme exige reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Insta a que se ejecuten los procesos de “estabilización de plazas” ocupadas en temporalidad más de dos años.

Confunde el compromiso asumido con Bruselas para reducir la temporalidad al 8%, con las obligaciones de detectar y sancionar el abuso de temporalidad. Consideramos que las medidas adecuadas para reducir la temporalidad lícita no son las adecuadas para luchar contra la temporalidad ilícita. Mientras en el ámbito privado se establecen medidas adecuadas en cada caso, siendo el Plan de Inspección eje de las políticas del Ministerio de Trabajo, y ausentes en el ámbito público.

Por otra parte, ante la ausencia de medida alguna y hasta la elaboración de una modificación legislativa, para evitar el abuso, acabó remitiendo a los trabajadores a los tribunales, advirtiendo que carece de intención de transponer la Directiva y que no reconoce derecho alguno del empleado público en abuso de temporalidad a mantener su empleo con carácter indefinido ni a percibir indemnización alguna.

 

Consideramos que no es necesario transponer la cláusula 5 del Acuerdo marco anexo a la Directiva, porque la normativa vigente -como ha evidenciado el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la UE-, dispone de medidas equivalentes.

 

El problema es que tales medidas no son eficaces porque no se cumplen por la Administración. La solución no es una nueva norma, sino que se haga cumplir la vigente, en los términos establecidos por el Tribunal de Luxemburgo.

En relación a la referencia de la Ministra Darias sobre la sentencia en caso “Baldonedo” debe aclararse que se refiere al cumplimiento de la obligación de no discriminar al trabajador en sus condiciones de trabajo, por el mero hecho de ser temporal, y no a la cláusula 5 que prohibe el abuso de temporalidad. En particular, al cese “legal” cuando no concurre abuso de temporalidad.

 

Sin embargo, cuando concurre el uso abusivo de la condición temporal, el TJUE exige que se sancione al empleador público.
La sanción propuesta no es la transformación -en el caso de funcionarios-, en funcionarios de carrera, sino en que se mantenga su empleo hasta que concurran las causas que establece nuestra propia norma nacional, sin que pueda ser cesado por causa de temporalidad, en tanto queda acreditado no existe si la relación es abusiva.

 

Por último, tras afirmar que la falta de transposición no conlleva que se haya de sancionar con indemnización alguna ni “con la transformación en fijo”, entiende que esa falta de transposición se resuelve por los Tribunales y no se soluciona con la transposición de la Directiva 1999/70/CE , sino con la modificación de las únicas normas nacionales que se han evidenciado pueden prevenir el abuso.

 

En definitiva, ninguna medida para garantizar que se cumpla la ley vigente por la Administración y a la espera de las modificaciones legales que, según se ha evidenciado, no pasan por garantizar el cumplimiento de la citada Directiva.

La Ministra considera, como no puede ser de otra forma, que el cumplimiento de la normativa comunitaria debe ser compatible con la norma nacional. Sin embargo, la norma nacional vigente debe aplicarse e interpretarse de tal forma que permita cumplir lo exigido por el Tribunal de Justicia del Derecho de la Unión, y que no es otra cosa que sancionar al empleador.


Los procesos selectivos, cualquiera que sea su denominación, no son más que una forma de acceder al empleo público, que nada tienen que ver con sancionar el uso abusivo de la temporalidad que sufren quienes ya son empleados públicos y que superaron el correspondiente proceso de selección.

En la línea de las reformas anunciadas, el Gobierno insiste en su compromiso de reducir la temporalidad a través de ofertas de empleo público. Sin embargo, oferta plazas ocupadas en temporalidad más allá del plazo autorizado por el legislador ordinario que, por naturaleza, están ocupadas en temporalidad abusiva-.

 

A estos efectos, pocos días después el Gobierno, por Real Decreto Ley, amplió el plazo de ejecución de la oferta de empleo público un año más, para dar cobertura a las Administraciones que estaban a punto de incumplir el plazo establecido por el legislador estatutario de tres años. Es decir, dando de nuevo cobertura al consabido incumplimiento, dado que desde 2017, en muchos casos ni se publicaron las convocatorias.

 

Además, a través de este Real Decreto Ley, se amplió el periodo en el que las Administraciones pueden recurrir a los llamados “procesos de estabilización de plazas” arbitrados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y 2018 durante un año más, por lo que pueden aprobar ofertas que incluyan plazas en temporalidad en al menos tres años, excediendo el plazo máximo de dos años establecido por el legislador estatutario, hasta el ejercicio 2021.

 

Todo lo anterior, consideramos evidencia que el incumplimiento de la Administración que conlleva el abuso de la temporalidad no se persigue ni sanciona, sino que se ampara con normas posteriores vía presupuestaria o “decretazos” que modifican los plazos y cambian la normativa ordinaria, para dar cobertura “legal” a las Administraciones que tienen por práctica habitual incumplir la legislación estatutaria y comunitaria.

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

El PSOE, sin embargo, en enero de 2018, desde la oposición, a través de su responsable en materia de función pública, Isaura Leal, en comunicado a elpais.com, denunció que la oferta anunciada por Rajoy, con base en las leyes de presupuestos generales del Estado, “corresponde a plazas ocupadas de manera temporal o interina durante tres años, de forma sucesiva e ininterrumpida. Es decir, en posible fraude de ley”.

 

No obstante, en las siguientes legislaturas bajo el gobierno socialista se ha continuado con dichas medidas, sin adoptar ninguna dirigida a detectar y sancionar el fraude en la contratación y el abuso de temporalidad en el empleo público.

 

Por otra parte, tampoco se ha instado a las Administraciones territoriales, desde los ministerios correspondientes, a cumplir el derecho de la Unión garantizando el efecto útil de la Directiva 1999/70/CE.

 

En Andalucía, el Grupo Socialista, a través de la diputada Beatriz Rubiño, defendió la valoración de los méritos en casos excepcionales, destacando que los funcionarios interinos han superado incluso varias oposiciones. Además. Votó a favor de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se aprobó en el Parlamento Andaluz, junto con los votos de Adelante Andalucía, la abstención de PP, Ciudadanos y Vox.

 

En Almería, a través de su Diputada Provincial, Carmen Aguilar, “recuerda que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga a la administración a garantizar la protección de estos trabajadores.”

“Los socialistas apelan por el “mérito, capacidad y profesionalidad” de los trabajadores interinos, resaltando que ya aprobaron los duros procesos selectivos para acceder como empleados públicos en la Diputación, e insta al presidente que atienda sus reivindicaciones, dado que la administración, como autoridad nacional, está obligada a cumplir el Derecho de la Unión, garantizando el efecto útil de la Directiva 1999/70/CE, se dirigió al diputado del área de personal, sin respuesta, y después al presidente de la Diputación para que “adopte las medidas necesarias para proteger al personal interino ante el abuso de temporalidad” y que, al mismo tiempo, “impida las altas sumas de dinero que podría verse condenada la diputación con sentencias favorables ante la multitud de demandas que se han presentado.”

Partido Popular (PP)

En materia de discriminación en condiciones de trabajo, en el caso conocido como “Diego Porras I”, cuando gobernaba el Partido Popular, se planteó si el cese “legal” de empleados públicos sin derecho a indemnización se ajustaba a la Directiva 1999/70/CE.

 

El TJUE estableció que debía ser indemnizado para garantizar el principio de equivalencia.

El Gobierno de Rajoy propuso en Congreso que se indemnizara el cese declarado “legal”. La enmienda fue rechazada.

 

Tras el rechazo, el Gobierno popular comunicó que paralizaba cualquier reforma legislativa, a la espera de cambios en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a este respecto, porque según informó el Secretario de Estado el Presidente de este Tribunal “reconoció que no hubo entendimiento entre el juzgado que realizó la consulta (a Europa) y los miembros de la Corte de la Justicia europea, que no comprendieron totalmente el problema.” 

 

Más allá de los comentarios que pueda suscitar la posible injerencia del Estado en las competencias del TJUE, la realidad es que éste modificó su jurisprudencia acogiendo la tesis del Estado español -por no ser atacada por las partes- y declarando en el caso conocido como “Diego Porras II”, el 21 de noviembre de 2018, que no se opone a la cláusula 4 que el cese “legal” no conlleve indemnización alguna.

 

En definitiva, en materia de discriminación en condiciones de trabajo, el Partido Popular impulsó medidas en tal sentido a raíz de la evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo.

Ciudadanos (Cs)

Tras la publicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 19 de marzo, el eurodiputado Jordi Cañas (Cs) se pronunció sobre la necesidad de garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión, considerando que la conversión de la relación temporal abusiva en fija era una medida adecuada.

 

Por otra parte, advirtió a la Comisión europea de posibles incumplimientos del Derecho de la Unión, no solo en relación a la Directiva 1999/70/CE que derivó en una ampliación de la investigación abierta para comprobar la adecuación de la normativa española a la comunitaria, sino en relación a la normativa reglamentaria europea que desarrolla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, por el impacto en el crecimiento y empleo derivado del despido de cientos de miles de trabajadores, por ocupar plazas en temporalidad ininterrumpida más allá del plazo máximo establecido en el EBEP, a través de una habilitación “legal” en las leyes de presupuestos generales del Estado, que no ha tenido todavía respuesta.

 

En relación al incumplimiento Directiva 1999/70/CE.


En relación al incumplimiento Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

El diputado Edmundo Bal, tras hacerse pública la sentencia del TJUE de 10 de marzo, exigió en la Comisión de Justicia del Congreso que se acatara, denunciando el endémico y reiterado abuso de temporalidad en el sector de Justicia, que calificó de régimen de semi-esclavitud.

VOX

Diputados del Grupo Parlamentario VOX en diversas asambleas autonómicas, también han formalizado propuestas dirigidas a la conversión de la relación temporal abusiva en indefinida,

 

Entre otras, el Diputado Ignacio Blanco (Asturias) propone una solución similar a la adoptada en el empleo privado para sancionar el abuso.

 

Haz click aquí para ver el artículo.

Podemos

En general, ha ido respondiendo a peticiones de determinados grupos de trabajadores que han considerado el concurso de méritos extraordinario -confundido a menudo con el proceso restringido-, como una “2ª vía” para que su relación de empleo se convierta en indefinida, ante la ausencia de medidas eficaces que sancionen el abuso de temporalidad con el mantenimiento de su empleo hasta que concurran las causas generales de cese, o con otra medida equivalente que disuada de forma eficaz al empleador de incurrir en el futuro en abuso de temporalidad.


Sin embargo, el problema al que se enfrentan los trabajadores no tiene que ver con los procesos de acceso, sino con la ausencia de sanción al empleador público por la comisión de una infracción del ordenamiento jurídico.


La regulación del concurso se refiere a un sistema de acceso a la función pública que nada tiene que ver con la consecuencia jurídica que debe aplicarse al infractor de una norma comunitaria.


Si bien puede compartirse por algunos que este sistema selectivo puede garantizar el derecho a la igualdad, por permitir que personas con mayor experiencia y formación puedan acceder al empleo público en condición fija por esta vía, para sumar valor añadido, nada tiene que ver con la necesidad de que se cumpla la norma que protege a quienes son trabajadores públicos y que no desean acceder al empleo público, sino que se garanticen sus derechos laborales.


A título de ejemplo, podemos citar los siguientes compromisos políticos de Podemos.


En 2018, el Grupo parlamentario presenta Proposición de ley de “concurso de méritos” extraordinario en el Servicio Madrileño de Salud. Rechazado. Votado en contra por el Partido Popular, abstención del Partido Socialista y Ciudadanos, y a favor por Podemos.


En 2019 el Grupo parlamentario en las Cortes de Castilla-La Mancha registró dos proposiciones de ley para consolidar por concurso extraordinario de méritos a trabajadores interinos en el ámbito sanitario y educativo.

Izquierda Unida (IU)

A través de la europarlamentaria (IU), Paloma López Bermejo, instó a la Comisión europea en relación al proceso de infracción (2014/4224) por denuncias relativas al incumplimiento de la cláusula 4 del Acuerdo marco anexo a la Directiva 1999/70/CE, a través de pregunta con solicitud de respuesta escrita E-000182-17.

Partido Aragonés Regionalista (PAR), Teruel Existe, Compromís, Partido Regionalista Cantábrico

El Gobierno debe afrontar, más allá de la temporalidad, la temporalidad abusiva.

Los Acuerdos para la mejora del empleo público no han obtenido resultados. La temporalidad aumenta en lugar de disminuir.
Además, no afrontan medidas contra la temporalidad abusiva.

Los empleados públicos “temporales” han superado los procesos selectivos para acceder como funcionario, estatutario o laboral al empleo público, conforme a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad.

Es necesario un Acuerdo de consenso.

El Senador del Grupo Mixto en el Senado, por el Partido Aragonés Regionalista (PAR), Clemente Garnica, advirtió del obligado cumplimiento de la normativa comunitaria por toda autoridad nacional, que incluye no solo a Jueces y Tribunales, sino también a las Administraciones Públicas, valorando como medida adecuada y conforme al ordenamiento jurídico español, en el que se integra el derecho comunitario, en situación de primacía, la conversión de la relación temporal abusiva en indefinida (fija)

 

A estos efectos, el Senador presentó una moción -apoyada por el Grupo Mixto en el Senado-, dirigida a sancionar la utilización abusiva de la “contratación” temporal en el sector público. En relación a esta moción, nuestra Agrupación comparte la necesidad de que el Gobierno adopte medidas para la “consolidación administrativa” que nosotros preferimos denominar “regularización administrativa”. Es decir, unas medidas que garanticen la activación de los controles de legalidad en el seno de la Administración, para detectar el fraude en la contratación y el abuso de temporalidad con el fin de aplicar la debida sanción al empleador público, de igual forma que se han activado estos controles para sancionar al empleador privado.

 

El incumplimiento por la Administración de las normas nacionales que permiten prevenir el abuso, constituye en sí mismo el uso abusivo de la contratación temporal, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE. 

 

En consecuencia, aunque no se establezca de forma expresa en una ley el presupuesto de hecho constitutivo de tal abuso, la Administración -que está vinculada a la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo-, debe comprobar y detectar tal incumplimiento aplicando la consecuencia exigida que no es otra que la imposición de una sanción que elimine los efectos de tal incumplimiento. En particular, aquélla que permite nuestra norma nacional -en interpretación conforme a la Directiva 1999/70/CE-, y que no es otra que el mantenimiento de la relación de empleo hasta que concurran las causas de cese generales establecidas por el legislador estatutario para el trabajador fijo. Ya sea su categoría de empleo funcionarial, estatutaria o laboral. Todo ello, ante la ausencia de otra norma que permita sancionar el abuso con una indemnización cuyo objeto sea sancionar el uso abusivo de la contratación temporal.

 

La debida regularización administrativa no impide que, como propone el Senador, se apruebe una ley que expresamente determine los supuestos de uso abusivo de la contratación temporal y sus consecuencias para el empleador y la víctima. Sin embargo, cuando la normativa nacional vigente  permite cumplir el resultado que persigue la Directiva 1999/70/CE y la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, no cabe en un Estado de Derecho esperar a que se apruebe una nueva ley mientras se procede al despido libre y gratuito de la víctima, dejando fuera de la protección del derecho comunitario a los trabajadores.

 

A estos efectos, el Senador presentó una moción -apoyada por el Grupo Mixto en el Senado-, dirigida a sancionar la utilización abusiva de la “contratación” temporal en el sector público. En relación a esta moción, nuestra Agrupación comparte la necesidad de que el Gobierno adopte medidas para la “consolidación administrativa” que nosotros preferimos denominar “regularización administrativa”. Es decir, unas medidas que garanticen la activación de los controles de legalidad en el seno de la Administración, para detectar el fraude en la contratación y el abuso de temporalidad con el fin de aplicar la debida sanción al empleador público, de igual forma que se han activado estos controles para sancionar al empleador privado.

 

El incumplimiento por la Administración de las normas nacionales que permiten prevenir el abuso, constituye en sí mismo el uso abusivo de la contratación temporal, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE. 

 

En consecuencia, aunque no se establezca de forma expresa en una ley el presupuesto de hecho constitutivo de tal abuso, la Administración -que está vinculada a la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo-, debe comprobar y detectar tal incumplimiento aplicando la consecuencia exigida que no es otra que la imposición de una sanción que elimine los efectos de tal incumplimiento. En particular, aquélla que permite nuestra norma nacional -en interpretación conforme a la Directiva 1999/70/CE-, y que no es otra que el mantenimiento de la relación de empleo hasta que concurran las causas de cese generales establecidas por el legislador estatutario para el trabajador fijo. Ya sea su categoría de empleo funcionarial, estatutaria o laboral. Todo ello, ante la ausencia de otra norma que permita sancionar el abuso con una indemnización cuyo objeto sea sancionar el uso abusivo de la contratación temporal.

 

La debida regularización administrativa no impide que, como propone el Senador, se apruebe una ley que expresamente determine los supuestos de uso abusivo de la contratación temporal y sus consecuencias para el empleador y la víctima. Sin embargo, cuando la normativa nacional vigente  permite cumplir el resultado que persigue la Directiva 1999/70/CE y la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, no cabe en un Estado de Derecho esperar a que se apruebe una nueva ley mientras se procede al despido libre y gratuito de la víctima, dejando fuera de la protección del derecho comunitario a los trabajadores.

 

El incumplimiento de la Administración de la normativa vigente no se corrige con la aprobación de una ley posterior, sino activando los controles para que se cumplan las normas en vigor.

Mas Madrid

Más Madrid, a través de su Diputada Mónica García, denuncia en plena pandemia el abuso de temporalidad en sector sanitario, al hilo de la falta de protección para garantizar su seguridad.

Así como Diputados o Senadores de otras formaciones parlamentarias como Compromís, o del Partido Popular.

CUP, ERC y "Comuns"

La CUP, con el apoyo de ERC y comuns registró proposición de ley en el Parlament de Cataluña para sancionar el abuso con la conversión de la falsa relación temporal en indefinida de forma similar a la establecida en el ámbito del empleo privado.